El Gobierno oficializó como “órgano rector” del sistema de contrataciones y concesiones de obra pública a la Oficina Nacional de Contrataciones, que depende de Marcos Peña, retirándole esa potestad al Ministerio del Interior
La Jefatura de Gabinete suma funciones. La cartera que encabeza Marcos Peña se hizo cargo formalmente del Sistema Contrat.AR, la plataforma para la contratación y seguimiento de ejecución de la obra pública.
Así lo definió el Gobierno a través del Decreto 1169/2018, publicado hoy en el Boletín Oficial, que le retiró esa potestad al Ministerio del Interior, que la controlaba a través de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, y se la transfirió a la Oficina Nacional de Contrataciones, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Gobierno de Modernización, el ex ministerio que conducía Andrés Ibarra que fue absorbido por Jefatura de Gabinete con la reducción de ministerios.
Contrat.AR es una plataforma que gestiona en línea la contratación y seguimiento de la obra pública, tanto en lo atinente a su construcción, como a su conservación o explotación mediante el cobro de tarifas o peaje.
El sistema forma parte de la implementación del “Gobierno Digital”, un requerimiento de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) en materia de transparencia, para permitir el ingreso de Argentina al espacio multilateral.
De esta forma, la Oficina Nacional de Contrataciones pasará a tener bajo su control a un área sensible ya que la inversión en obra pública “representa un volumen de dinero de entre el 13 y el 20 por ciento del PBI”, según estimaciones de la OCDE, que cita el decreto en sus considerandos.
Contrat.AR tiene actualmente inscriptos a más de 21.000 proveedores y a través de su sistema se han realizado más de 11.000 procesos.
El decreto complementa la decisión del 10 de diciembre pasado, cuando el Ejecutivo traspasó a la Jefatura de Gabinete la planificación y control de los proyectos de inversión pública y de los contratos de participación público-privada (PPP), hasta ese momento en manos del Ministerio de Hacienda.
No obstante, la suspensión de los PPP por el elevado riesgo país, anunciada hace una semana, amenguó el impacto de la decisión.
